Asamblea Constituyente asume competencias del Congreso
La Asamblea Constituyente aprobó el viernes un decreto en el que asumió las competencias legislativas del Congreso, controlado por la oposición, lo que hace prever que se agudizará la pugna entre los poderes en Venezuela.
Los constituyentes oficialistas votaron por unanimidad la medida que les permite “legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico, financiero, los fines del Estado y la preminencia de los derechos de los venezolanos”.
APLa Asamblea Constituyente aprobó el viernes un decreto en el que asumió las competencias legislativas del Congreso, controlado por la oposición, lo que hace prever que se agudizará la pugna entre los poderes en Venezuela.
Los constituyentes oficialistas votaron por unanimidad la medida que les permite “legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico, financiero, los fines del Estado y la preminencia de los derechos de los venezolanos”.
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El decreto también los autoriza a dictar actos parlamentarios en forma de ley pero no impide a los congresistas continuar sesionando.
El Congreso rechazó el decreto y consideró “ilegales” e “inconstitucionales” las acciones de la Asamblea Constituyente.
“El golpe de Estado perpetrado por la ANC (Asamblea Constituyente) es la profundización de las acciones que ejerce el régimen”, dijo la Asamblea Nacional en su cuenta de Twitter. El Congreso convocó para el sábado a una sesión e invitó a los venezolanos a participar del acto.
3/5 El golpe de estado perpetrado por la ANC es la profundización de las acciones que ejerce el régimen de Maduro contra AN y Constitución
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 18 de agosto de 2017
En marzo el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en la que asumía las competencias legislativas de la Asamblea Nacional que luego revirtió a raíz de los cuestionamientos locales e internacionales.
La Constituyente emitió el decreto luego de que la oficialista Asamblea Nacional se negó a comparecer ante el nuevo cuerpo, al que considera “fraudulento”, para lograr la ratificación en sus cargos.
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“Le daremos una lección histórica”, dijo la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, al asegurar que los congresistas están “obligados” subordinarse a ese cuerpo. “Optaron nuevamente por la silla vacía, optaron nuevamente por la intolerancia, optaron nuevamente por el no reconocimiento”, agregó mientras era aplaudida por sus colegas.
El constituyente y dirigente oficialista Diosdado Cabello descartó que la medida represente la disolución del Congreso y dijo a la prensa que los congresistas opositores podrán seguir reuniéndose, pero precisó que para usar el palacio legislativo deberán solicitar “autorización” a Rodríguez.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo en su cuenta de Twitter que “hoy es más imperativo que nunca Consejo Permanente extraordinario” para debatir la crisis venezolana y sostuvo que el decreto representa un “atentado inconstitucional”.
Panamá y el presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial, Hossain Showdhury, también expresaron preocupación por la medida. El gobierno panameño dijo en un comunicado que la decisión “agrava la crisis” en el país sudamericano y reiteró que no reconocerá las decisiones de la Asamblea Constituyente, tal como lo han planteado otros gobiernos.
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La Constituyente, integrada por 545 miembros oficialistas, se instaló el 4 de agosto tras unas elecciones en las que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) participaron ocho millones de electores.
Los comicios fueron cuestionados por opositores y la empresa de tecnología informática Smartmatic, que provee servicios al CNE, denunció la supuesta manipulación de los resultados.
A las pocas horas de instalarse la Constituyente destituyó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, enfrentada al gobierno, y nombró en su lugar al aliado Tarek William Saab, ex Defensor del Pueblo.
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Esta semana los constituyentes aprobaron el retiro de la inmunidad parlamentaria del diputado disidente del oficialismo Germán Ferrer, esposo de la fiscal general, quien fue acusado de dirigir una supuesta red de extorsión desde el Ministerio Público. Asimismo, el Tribunal Supremo ordenó la captura de Ferrer para iniciarle un proceso por los supuestos delitos de corrupción, extorsión, asociación para delinquir y lavado de dinero.
La pugna entre los poderes se da en medio de la tensión desatada por las protestas antigubernamentales que llevan cuatro meses y que han dejado al menos 123 muertos y casi 2.000 heridos y una crisis económica dominada por una desbordada inflación de tres dígitos, severa escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos y una fuerte recesión económica.
