La falta de responsabilidad en la tragedia del casino Royale por parte de funcionarios públicos, autoridades y medios de comunicación, está claramente expuesta en los hechos.
Mentira sobre mentira, la opinión pública y familiares de las víctimas ven cómo la tragedia es utilizada como arma política.
Porque el operador del Royale, Raúl Cantú Rocha, escapó de la ciudad y pudo declarar tranquilamente en el extranjero.
Porque además, el dueño del casino Red donde grabaron los videos en que parece Jonás Larrazabal recibiendo dinero, está en fuga y amparado.
Porque todo esto, se presenta al mismo tiempo que la implicación de funcionarios de la secretaría de Gobernación apenas es revisada.
Y porque en la Procuraduría del Estado se conforman con detener a parte de los ejecutores del homicidio masivo.
Así, en lugar de resultados las autoridades federales, estatales y algunos medios de comunicación revuelven a la ciudadanía con mentira sobre mentira.
Primero la prensa escrita publicó que eran 400 mil pesos los que recibió Jonás Larrazabal en el casino Red.
Pero ahora el mismo medio de comunicación desmiente su propia versión y publica que siempre no, que eran 300 mil, cuando los peritajes de la Procuraduría indican que fueron 5 mil, 6 mil y 15 mil pesos.
En segundo lugar, corrieron la versión de que el hermano del alcalde Fernando Larrazabal era el encargado de recabar dinero en varios casinos, con la promesa de no ser clausurado por la autoridad municipal.
Pero resulta que el Royale y otros más, entre ellos el Red, fueron clausurados y no existe alguna prueba de que el indolente hermano del munícipe, Jonás Larrazabal, visitara otros casinos para cobrar.
La tercera mentira constatada en los hechos, es que publicaron que el secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Miguel Ángel García, se reunió con Jonás Larrazabal y el propietario del casino Red, Sergio Gil, en el “búnker” del alcalde de Monterrey en la Colonia Obispado.
Pero el mismo medio luego desmintió una vez más su versión, porque el video donde aparecen los tres fue grabado en un salón para eventos sociales.
La cuarta mentira es que el líder de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Héctor Gutiérrez, declaró que el casino nunca fue clausurado porque la dirección que aparecía en los documentos de clausura está ubicada a un lado del Royale, en la esquina.
Pero en los hechos, la verdad es que precisamente esa esquina, que anteriormente era un negocio de materiales, es la ampliación del casino Royale que Desarrollo Urbano municipal clausuró por haber extendido el negocio sin permiso.
Y la quinta mentira es que el magistrado José Alfonso Solís Navarro otorgó una suspensión a favor del Royale, para que fuera levantada la clausura, pero bajo argumentos ridículos.
La primera de estas argumentaciones es que no se trataba de una ampliación del negocio, sino de la construcción de una “puerta interior” dentro de las mismas instalaciones.
Pero resulta que esa es la ampliación del negocio hacia laesquina de San Jerónimo y la calle Dr. Jesús María González.
Es fácil verificarlo en Google Earth, donde todavía aparece la imagen de la tienda de materiales en la esquina, y ahora esa propiedad es parte del casino Royale.
En sexto lugar, con la excusa de que subcontratan empresas para que revisen los establecimientos, el director de Protección Civil del Estado, Jorge Camacho, busca deslindarse de su responsabilidad.
