Nuevamente las autoridades de procuración de justicia de todos los niveles en este país parecen actuar por móviles políticos, pero no por las investigaciones ministeriales de rigor.
La Procuraduría General de la República no aprendió las lecciones.
Primero fueron las aprehensiones infructuosas del Michoacanazo y más recientemente la detención mediática de Jorge Hank Rhon en Tijuana.
Ahora es la captura y encarcelamiento del ex alcalde de Monterrey, y otra vez la autoridad investigadora queda mal parada.
Porque están sobre la mesa las evidencias de que el ex munícipe Adalberto Madero incurrió en irregularidades en su administración.
Que extendió sin autorización del Cabildo contratos con proveedores y desvió recursos etiquetados para otro fin, como en el caso Publitop publicado por Reporte Indigo en 2008.
También hay pruebas contundentes de que el ex edil autorizó la instalación irregular de casinos en la ciudad.
Entre ellos aprobó como restaurante la apertura del casino Royale donde murieron 52 personas inocentes. Negocio del que sus primos eran socios.
Pero resulta que el delito federal por el que fue detenido Adalberto Madero es el de falsear información a un juez, en la redacción de las argumentaciones para litigar un amparo sobre la invasión de una propiedad para ampliar una calle.
En pocas palabras, la aprehensión del ex alcalde de Monterrey fue un espectáculo mediático que deja muy mal parada a la autoridad federal.
Sobre todo ante las 52 familias de las víctimas del casino Royale, que siguen esperando que la procuración de justicia vaya más allá de la aprehensión de los autores materiales del homicidio masivo.
Y que esperan la investigación sobre las condiciones en que las autoridades responsables dejaron operar al casino.
Por ello es que la detención del ex alcalde Madero corrió como reguero de pólvora la tarde del domingo pasado, cuando toda la ciudad relacionó su aprehensión con lo ocurrido en el casino Royale.
Y es que el ex alcalde Adalberto Madero es el eje principal de la autorización para la apertura del centro de apuestas que inició operaciones durante su administración, con una aprobación municipal para restaurante.
La aprehensión se dio en momentos en que todo Monterrey, todo el país, ejercen una presión y esperan una reacción de la autoridad federal ante la serie de irregularidades de todos los niveles de gobierno, que por omisión o por corrupción, dejaron funcionar al Royale.
Presión contra la autoridad federal que disminuiría con la detención del ex alcalde, pero que aumentó por haber sido un acto deliberado de espectáculo mediático.
Y las razones de esta actuación son contundentes.
En dos días de fin de semana recibieron y giraron la orden de aprehensión de una denuncia interpuesta en 2009.
No hubo orden de presentación o notificación.
Lo detuvieron en domingo en la tarde, en un operativo quirúrgico de la PGR.
Lo internaron el mismo domingo en el Penal de Apodaca.
Vigilaron su comparecencia decenas de policías, marinos y militares.
Y todo esto, por falsear información en la redacción de un amparo sobre la ampliación de la calle Junco de la Vega, trazada en los años 50.
