Ética, no negocios
Para Ricardo Hausmann, el exministro de Planeación de Venezuela que se ha convertido en una de las voces más fuertes de la disidencia en el exterior, financiar al gobierno de Nicolás Maduro no es una cuestión de negocio, sino de ética.
La violencia utilizada para reprimir las protestas, las detenciones arbitrarias de miembros de la oposición, el encarcelamiento de presos políticos y la creación aparentemente ilegal de un órgano legislativo paralelo a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, han hecho de Venezuela un riesgo reputacional para los bancos globales.
Lourdes GonzálezAún y cuando los ingresos y reservas del gobierno han caído, se ha cumplido con todos los compromisos financieros internacionales
Para Ricardo Hausmann, el exministro de Planeación de Venezuela que se ha convertido en una de las voces más fuertes de la disidencia en el exterior, financiar al gobierno de Nicolás Maduro no es una cuestión de negocio, sino de ética.
La violencia utilizada para reprimir las protestas, las detenciones arbitrarias de miembros de la oposición, el encarcelamiento de presos políticos y la creación aparentemente ilegal de un órgano legislativo paralelo a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, han hecho de Venezuela un riesgo reputacional para los bancos globales.
La semana pasada, el banco de inversión Credit Suisse anunció que dejaría de realizar ciertas transacciones que involucran operaciones con activos del Gobierno venezolano.
“A la luz del clima político y de los eventos recientes en Venezuela, Credit Suisse quiere asegurarse de no proveer los medios para que se violen los derechos humanos del pueblo venezolano”, según se lee en un memorándum dado a conocer por la agencia Reuters.
La medida se tomó luego de que Goldman Sachs fue severamente criticado por haber respaldado una emisión de 2.8 mil millones de dólares de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Credit Suisse prohibió a los operadores financieros comprar dos bonos venezolanos específicos: el bono soberano que vence en 2036 y los títulos de PDVSA que vencen en 2022, los cuales han sido referidos como “los bonos del hambre”. Además, se restringió la compra de cualquier nota emitida por una entidad venezolana después del 1 de junio.
La economía de Venezuela se ha deteriorado significativamente en el último año. El Fondo Monetario Internacional proyecta que el Producto Interno Bruto del país se contraerá 12 por ciento en 2017.
Hausmann argumenta que la crisis económica venezolana es la peor que se haya conocido en el hemisferio occidental: “el colapso de Venezuela no tiene precedentes”, dijo a la BBC.
Pese a ello y a que los ingresos y reservas del gobierno han caído, el régimen de Maduro ha cumplido con todos sus compromisos financieros en el exterior.
Esto ocurre en un contexto en el que la contingencia humanitaria, marcada por la escasez de alimentos y medicinas, se ha vuelto perfectamente medible. Según Hausmann, el 74 por ciento de los venezolanos han perdido nueve kilos de peso de manera involuntaria por dificultades para conseguir comida.
Por eso, el manejo de la deuda de Venezuela ha sido ampliamente cuestionado. Los bonos del país siguen siendo muy rentables.
Aumenta la presión
La presión internacional sobre Venezuela ha escalado de manera dramática en los últimos meses. Estados Unidos aplicó sanciones económicas a miembros del Gobierno venezolano, pero aún no ha emitido alguna medida punitiva que afecte al sector petrolero del país.
Especialistas coinciden en que un embargo de petróleo haría tronar al régimen chavista hacia una suspensión de pagos de la deuda externa de 100 mil millones de dólares.
No obstante, por el momento, la administración de Donald Trump no ha dejado claro si pretende utilizar esta política. Estados Unidos es el principal receptor de petróleo crudo venezolano en el mundo.
