México es uno de los pocos países en el mundo en el que se financian con dinero público las campañas electorales.

A pesar de que el dinero se podría usar para otros fines, esto se hace por razones importantes, pues se busca mantener fuera de los intereses políticos a personas físicas o morales que podrían “comprar” favores políticos mediantes donaciones.

Sin embargo, bajo el esquema actual, se ha gastado mucho y poco se ha logrado en mantener separado a los intereses privados de los políticos, quizás un sistema como el de Francia o Inglaterra, y con mayor transparencia como el de Estados Unidos, podría mejorar la manera en la que invertimos en la democracia.

Actualmente, en México, los partidos políticos deben obtener al menos el 50% de todo su financiamiento para campañas del fondo público.

Para estas elecciones se espera que el IFE derogue a los partidos: 4 mil 936 millones de pesos, cantidad que se obtiene mediante una formula preestablecida, en la que se determina el porcentaje que recibirá cada partido en proporción a su representación en el Congreso.

Esto equivale 46 pesos por persona, y es sin duda una cantidad considerable de dinero que proviene del erario público.

El propósito de financiar públicamente a las campañas es para evitar que intereses de grandes empresas o personas influyan en las decisiones que los candidatos tomarán ya una vez que sean servidores públicos.

Sin embargo, en México esto no cumple su prometido porque, como proveedoras de servicios importantes para las campañas, las empresas pueden ofrecer preferencias a diferentes candidatos.

Hipotéticamente, se podrían ofrecer “descuentos” o cobertura de su campaña más ampliamente, a favor de ciertos candidatos.

Situación que crea un mercado negro, en el que se donan a candidatos con dudosas transacciones y se pagan estos favores, con todavía menos supervisión.

Incluso se han hecho reclamaciones sobre favoritismos de empresas mediáticas hacia diversos candidatos, mismas que en un sistema donde se penalizan las donaciones individuales son difíciles de probar o sancionar.

Por si fuera poco, aun y cuando cualquier interesado puede solicitar al IFE auditorias de los contrincantes, por ley, los resultados no se dan a conocer sino hasta cerrarse el periodo de campaña.

Un problema de transparencia

En Estados Unidos, el derroche es mayor, de aproximadamente 72 pesos por persona, pero ese financiamiento no es público, aunque pone en tela de juicio a los verdaderos intereses de los políticos.

Si bien los candidatos presidenciales pueden pedir un subsidio gubernamental, recibirlo pone limitantes a sus gastos de campaña, situación que ni Barack Obama ni sus contrincantes encuentran benéfica.

Aquello puede poner en desventaja a candidatos independientes y compra la lealtad de políticos para empresas o personas con sus propias agendas.

Para evitar el uso indebido del poder, en los 70 se creó una ley que imponía limites a lo que un individuo puede aportar a campañas electorales. Además, prohibía a personas morales y sindicatos donar dinero.

Sin embargo, desde el 2010, argumentando los derechos de libertad de expresión, la Suprema Corte de Justicia permitió a personas morales y sindicatos gastar sin límite la cantidad que quisieran para influenciar el voto a favor o en contra de cualquier candidato.

En ese país es común donar a Comités de Acción Política, para los cuales no es necesario revelar el origen del donativo, pues abogan por “temas” y no candidatos a pesar de que en la práctica funcionan como un brazo más de campaña.

Estos Comités Políticos ya rebasan a las campañas en cuanto a su poder económico y se usan principalmente para manchar la imagen pública de sus contrincantes en la carrera electoral.

Un modelo no costoso

Francia e Inglaterra han adoptado una postura mucho más pragmática.

Según su modelo, las televisoras deben, por ley, asignar la misma cantidad de tiempo aire para cada candidato.

Además está prohibido pagar por espacios publicitarios de cualquier tipo los 3 meses previos a las elecciones.

En Inglaterra las elecciones salen mucho más baratas que en cualquiera de los países anteriores, pues para sus últimas elecciones generales se gastaron en total 3 pesos por cada habitante.

Considerando lo anterior, sin duda debe haber manera de reducir los gastos de campaña en México, que además son financiados con dinero público.

Una propuesta sensata sería empezar por dotar de los insumos más importantes de manera gratuita, como hace Francia o Inglaterra y obligar a que las donaciones sean públicas, como lo hace Estados Unidos.

Bajo el esquema actual, se ha gastado mucho y no se ha logrado mantener separado a los intereses privados de los políticos

Diferentes democracias

— El costo de nuestro sistema electoral en un año de elecciones como éste es de 15 mil 953 millones 900 mil pesos, esto incluye el presupuesto del IFE en gastos operativos.

— En México, el dinero de campaña puede provenir de una fuente privada siempre y cuando la cantidad de origen privado no exceda la cantidad de origen público.

— En Francia, por ley, los medios de comunicación proveen sin costo la publicidad electoral. Está prohibido pagar por espacios publicitarios de cualquier tipo los 3 meses previos a las elecciones.

— Las personas morales no pueden donar dinero para una campaña presidencial en Francia, mientras que en Estados Unidos, desde el 2010, éstas pueden donar a grupos llamados comités de acción política.