La oportunidad de Calzada
El gobierno de México ha encontrado en el sector agrícola un punto de presión para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Paradójicamente, esto podría convertirse en un obstáculo para mejorar las condiciones comerciales del campo mexicano.
Los grandes conglomerados agrícolas de Estados Unidos, notablemente Archer Daniels Midland y Cargill, han expresado que su interés es mantener el status quo de las reglas del juego que rigen la relación comercial entre los miembros del TLCAN.
Rodrigo Carbajal17,900
México sólo ha presentado superávits en la balanza comercial agrícola en 1995, 2015 y 2016
El gobierno de México ha encontrado en el sector agrícola un punto de presión para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Paradójicamente, esto podría convertirse en un obstáculo para mejorar las condiciones comerciales del campo mexicano.
Los grandes conglomerados agrícolas de Estados Unidos, notablemente Archer Daniels Midland y Cargill, han expresado que su interés es mantener el status quo de las reglas del juego que rigen la relación comercial entre los miembros del TLCAN.
México representa el tercer mayor mercado para los productos agrícolas estadounidenses.
En el 2016, Estados Unidos exportó casi 18 mil millones de dólares en bienes agrícolas a su vecino del sur, de acuerdo a información proporcionada por el Departamento de Agricultura.
Las intervenciones públicas de funcionarios de la Secretaría de Economía y de la SAGARPA dejan ver que el gobierno mexicano utilizará esta condición como una ficha de cambio para promover sus intereses en otras áreas de la renegociación del TLCAN.
Prueba de ello es que México ha intensificado sus conversaciones comerciales con Argentina y Brasil para la importación de granos de maíz amarillo, un bien de exportación sensible para los productores estadounidenses.
José Calzada, secretario de Agricultura, asegura que un cargamento de maíz argentino puede llegar a México en 15 días, con un costo adicional de apenas 1 por ciento en relación a las importaciones provenientes de Estados Unidos.
El activismo del gobierno mexicano busca generar una reacción en grupos de presión como la Asociación de Maíz Refinado, que representa a Archer Daniels Midland y a Cargill.
La actividad de cabildeo de estas firmas, que cuentan con un peso político relevante en Washington, opera como un aliado significativo de México en la preservación del TLCAN.
Raúl Urteaga, coordinador de asuntos exteriores de la SAGARPA, refirió en un foro de discusión que la prioridad de su despacho es la diversificación del lugar de origen de las importaciones agrícolas mexicanas, particularmente las de maíz amarillo, trigo panificable, soya y arroz: “Queremos enviar un mensaje a Washington de que no estamos cruzados de brazos”.
Sin embargo, el discurso de Urteaga, quien aplaude la convergencia de intereses del gobierno mexicano y los conglomerados agrícolas estadounidenses, podría revelar una verdad incómoda: que las autoridades de México no encuentran viable una renegociación más favorable que la del estado actual de la relación comercial.“No queremos cambiar las reglas del juego”, sentenció.
Contra el status quo
Sin embargo, hay voces que expresan la urgencia de un cambio en las condiciones comerciales del campo mexicano. El fin de semana pasado, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, dijo en un foro en la Universidad Iberoamericana,que México debería reformar el capítulo agrícola del TLCAN. Desde su punto de vista, los grandes productores estadounidenses han obtenido subsidios y beneficios que distorsionan el mercado internacional y lastiman a los trabajadores mexicanos.
Un estudio del 2014 publicado por el Centro para la Investigación de Política Económica (CEPR, por sus siglas en inglés), un think tank del cual Stiglitz es miembro del Consejo, calcula que se han perdido 1.4 millones de empleos en México a raíz de los subsidios que reciben las entidades políticamente conectadas del sector agrícola en Estados Unidos.
De acuerdo a la revista The Economist, el gobierno estadounidense gasta alrededor de 20 mil millones de dólares al año en beneficios para el sector agrícola, entre los que se incluyen créditos para bienes de exportación.
Esta política ha sido objeto de disputas relevantes que han requerido la intervención de la Organización Mundial del Comercio.
En ese sentido, expertos coinciden en que la renegociación del TLCAN marca una pauta para acabar con esta condición de la relación bilateral en el sector agrícola.
El acuerdo azucarero, favorable para los productores políticamente conectados en Estados Unidos, marca un mal precedente. Ahora, José Calzada tiene una nueva oportunidad.
