Uno de los principales obstáculos para tener un crecimiento sostenido y un nivel de desocupación relativamente bajo es la legislación laboral, que hace rígida la operación del mercado de trabajo y obstaculiza el avance de la productividad.

Por ejemplo, desde hace mucho tiempo, se ha señalado que la inflexibilidad del mercado laboral europeo, en contraste con el de Estados Unidos (EU), explica en parte la tasa más alta de desempleo que registran los países del viejo continente.

Las cifras avalan esta opinión. En los países de la eurozona, la Gran Recesión elevó la tasa de desempleo abierto de 8.7 en 2007 a 10.7 por ciento en enero de este año, mientras que la de EU pasó de 5.3 a 8.3 por ciento en el mismo lapso.

Dentro de la eurozona, la situación es más grave en aquellos países que tienen las legislaciones laborales más rígidas.

En Grecia, el país más golpeado por la crisis de deuda soberana, el índice de desempleo ascendió a 19.9 por ciento en noviembre de 2011. Y peor es el caso de España,cuya tasa pasó de 11.4 por ciento en 2007 a 23.3 por ciento en enero de 2012.

Por tanto, no debe extrañarnos que elalarmante nivel de desempleo y las complicaciones derivadas de la deuda soberana en ambos países provocaran que sus proveedoresde recursos financieros,tanto actuales como potenciales,les exigieran, entre otras reformas, cambios de fondo en sus legislaciones laborales.

Grecia tuvo que adoptar en febrero pasado nuevas medidas en materia laboral presionada por la llamada troika (Unión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), que puso la aprobación de ésa y otras reformas como condición para asignarmás recursos en un segundo programa de rescate financiero.

En este sentido, el Parlamento griego asumió el compromiso de pasar una legislación para reducir en 22 por ciento el salario mínimo bruto mensual, que actualmente es cercanoa 750 euros. Para los asalariados menores de 25 años, el recorte es de 32 por ciento. Quedan abolidos también los aumentos de sueldo automáticos basados en antigüedad.

Adicionalmente, se permitirá que los acuerdos salariales contractuales se ajusten a las cambiantes condiciones económicas sobre una base regular y frecuente. Los apoyos de la seguridad social se reducen en 5 por ciento, y cerca de 15 mil burócratas serán colocados en reserva durante 2012. Este año, sólo recibirán 60 por ciento de su sueldo,yluego serán despedidos. La meta es que,para 2015, los empleados públicos se hayan reducido en 150 mil personas.

En España, el gobierno de Mariano Rajoy, que fue electo a finales de noviembre de 2011 y tomó posesión en diciembre, solicitó a los empresarios y los trabajadores que se pusieran de acuerdo sobre una reforma laboral. Estableció como plazo límite los primeros días de enero del presente año, pero posteriormente dio una prórroga hasta finales de ese mes.

Como era previsible, las negociaciones entre ambos sectores no fueron fáciles, y llegaron a unos acuerdos que resultaron insuficientes para resolver el grave problema del desempleo español. Por lo tanto, el gobierno emitió el 10 de febrero pasado un Decreto Ley con medidas urgentes para la reforma del mercado del trabajo.

Entre estas medidas se incluye una reforma de las negociaciones colectivas orientada a facilitar la adaptación de las condiciones laborales ante posibles dificultades de las compañías, la creación de un nuevo contrato de tiempo indefinido para las empresas pequeñas y medianas, y la flexibilización y reducción de costos por despido.