El cierre del sexenio de José López Portillo, el que prometió a las corporaciones regiomontanas un crecimiento sin límites, terminó en tragedia financiera. Colocándolas al borde del colapso frente a la expansión desenfrenada.
Endeudadas en dólares, con una economía debilitada por la caída internacional de los precios del petróleo y un sistema bancario estatizado, los empresarios de Monterrey vieron en Miguel de la Madrid su nueva tabla de salvación.
Por un lado la creación de los llamados mexdólares, con un tipo de cambio muy por debajo del mercado, dejó a las empresas mexicanas a merced del favor del Estado para cubrir sus demandas de divisas para mantener sus operaciones con insumos de importación. Y las corporaciones regiomontanas tenían fuertes requerimientos de dólares controlados.
Por el otro, un mecanismo creado por un técnico del sexenio delamadrista, Ernesto Zedillo, quien ideó el mecanismo que permitiría reestablecer la calma en sus atribulados estados financieros. Su nombre: Fideicomiso Contra Riesgos Cambiarios (Ficorca).
Con este novedoso instrumento, que demostró ser muy útil, los pasivos en dólares se convirtieron en pesos, protegiendo desde el Banco de México la inestabilidad cambiaria que podría terminar de hundir las empresas en la quiebra.
Pero el favor económico debió ser compensado con un favor político. Y después de la “amarga” experiencia de los foros de México en la Libertad, promovidos por los regiomontanos a través de la Coparmex que presidía Manuel “El Maquío” Clouthier, el gobierno delamadrista exigía sometimiento.
Sobre todo cuando personajes como Andrés Marcelo Sada, Rogelio Sada, Eugenio Clariond, Jorge Chapa y José Luis Coindreau, ondeaban desde las cúpulas empresariales, desde la Coparmex hasta la Concanaco, las banderas políticas contra los gobierno priistas que acumulaban descalabro tras descalabro a partir del sexenio de Luis Echeverría.
Y es el mismo Miguel de la Madrid, quien en sus memorias busca curarse en salud sobre cómo se dio la marginación política de los ejecutivos de las empresas regiomontanas para que no continuaran creando inestabilidad política con sus discursos y con sus acciones. En pocas palabras dice que nunca lo pidió, que ellos solos se colocaron el bosal.
Escribe el ex presidente en sus memorias que “el lunes 11 de noviembre (de 1985), la Confederación Patronal de la Republica Mexicana publicó en los principales diarios un desplegado en el que denunció que altos funcionarios gubernamentales habían conminado recientemente a varios importantes empresarios a abstenerse de participar en actividades de índole política”.
Y agrega que “esas acciones fueron calificadas por la organización empresarial como violaciones a las garantías individuales y como un atentado a la libertad”.
De la Madrid advierte que “el miércoles 13, el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, envío a diversos diarios capitalinos su repuesta a las acusaciones de Coparmex.
“En términos generales, Bartlett señaló que el gobierno jamás interviene en las decisiones internas de los sectores, y mucho menos en las de las empresas; que las acusaciones sobre la intimidación a empresarios resultaban vagas e imprecisas, pues no se indicaba ningún dato concreto sobre quiénes, cuándo, en qué circunstancia y por qué, en relación con los supuestos hechos”.
El ex presidente expresa que “enseguida, Bartlett recordaba que las cámaras de Industria y Comercio han de servir a las funciones para las que están constituidas”, y aclaró que “quien pretendiera utilizar estas organizaciones para fines políticos personales de algún dirigente violaría la ley y atentaría contra la libertad política de los agremiados”.
