Desde la década de los años noventa hasta la fecha, las respuestas que se han dado a la inseguridad y la violencia que se vive en México han sido coyunturales.
Lo que es más. A lo largo de este periodo la apuesta por una lógica policial devino, con la administración de Felipe Calderón, en una lógica militar que lo único que ha evidenciado es la ineficiencia de las autoridades civiles: “No solamente de la policía sino también del Ministerio Público y los jueces para enfrentar un fenómeno de naturaleza netamente delictiva”.
La anterior es la opinión de Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), quien considera que estas salidas circunstanciales para enfrentar dichas problemáticas han arrojado resultados adversos. Como el hecho de alimentar más la propia delincuencia.
El doctor en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales recuerda cómo en los años ochenta se apostó por un combate similar que, aunque no arrojó la cantidad de muertos que ahora tenemos, sí trasladó a los reclusorios a un gran número de personas relacionadas con el comercio de estupefacientes.
“Se dio un boom en el número de personas presas del que no nos hemos podido librar hasta ahora. Y lo que sí se generó es una situación donde las cárceles empezaron a funcionar como bolsa de trabajo para las organizaciones criminales”.
A casi dos meses de que se cumpla la mitad de su gestión al frente de la CDHDF, charlamos con el ombudsman capitalino en sus oficinas ubicadas en la Colonia Florida, al sur de la Ciudad de México.
En fechas recientes, la institución que preside encabezó una iniciativa para repensar a nuestro país analizando lo que ha acontecido en el último siglo de su historia.
Una de las conclusiones a la que se llegó es que los fenómenos de descomposición social que ahora enfrentamos son producto de la forma como se han ido construyendo las relaciones entre la sociedad y el Estado.
“Hemos llamado la atención sobre el hecho incontrovertible de que los mexicanos y las mexicanas estamos habituados, nos sentimos cómodos con los modelos de corrupción a todos los niveles”, sostiene González Placencia.
De acuerdo con el también licenciado en psicología por la UNAM y maestro en leyes por el Instituto Internacional de Sociología de Derecho nuestras instituciones han sido gobernadas durante largo tiempo por élites políticas que han sustentado su hegemonía en lealtades de carácter político más que en capacidades profesionales.
A esto atribuye el criminalista la débil institucionalidad mexicana que, durante el siglo 20, se fue compensando con un férreo autoritarismo. Éste se sustentó cooptando a quienes podían ser parte de este modelo y eliminando a quienes no se ceñían al mismo.



Comentarios(3)
EN MICHOACAN LOS QUE MENOS RESPETAN LOS DERECHOS HUMANOS, SON SU PRESIDENTE Y SUS SUBDITOS(VARIOS DE DIVERSIDAD SEXUAL) AUNQUE APARENTAN OTRA COSA,LOS QUE TRABAJAMOS AQUI TODOS LOS DIAS NOS DICE EL LICENCIADO UBLE COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA CEDH, QUE ESTA CEDH=CORRUPCION,AVIADORES, ACOSO SEXUAL Y LABORAL, DESORDEN FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO, Y QUE YA SE ACABARON NUESTROS VIATICOS DE AQUI A DICIEMBRE PORQUE EL PRESIDENTE VICTOR SERRATO SE VA A DAR UN BONO (OTRO) POR SI LAS DUDAS Y NO LO REELIGEN, PORQUE DICEN QUE TIENE MIEDO QUE LO INVESTIGUE EL CONGRESO POR EL MILLONARIO FRAUDE QUE HIZO CON LA COMPRA DEL INMUEBLE QUE ALBERGA LA CEDH ACTUAKLMENTE Y QUE EL MES QUE ENTRA O EN SEPTIEMBRE A MAS TARDAR LO INAUGURA SU PADRINO EL DR RAUL PLASCENCIA PDTE DE LA CNDH.
EN MÉXICO NO SE RESPETAN LOS DERECHOS HUMANOS, BUENO PARECIERA QUE TODAS AUTORIDADES SON DE PIEDRA, NO OYEN, NO VEN, ASÍ SON LAS PIEDRAS, ES LAMENTABLE QUE EN ESTE PAÍS EN PLENO SIGLO XXI LOS DERECHOS HUMANOS NO EXISTEN, EL SISTEMA CARCELARIO, CUANTA GENTE DESAPARECEN POR PASÁRSELES LA MANO EN LA TORTURA, NO SE DIGA EN GUANAJUATO, AHORA SE HA EXTENDIDO A TODA LA REPÚBLICA,
ESTO NO ES MÁS QUE EL RESULTADO DE QUE TODAS LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN LOS PUESTOS CLAVES DESDE ARRIBA SE HACEN PENDEJOS, NO LES IMPORTAMOS.
Ya cuando se incorporó a las Fuerzas Armadas a la lucha contra la delincuencia organizada, se advirtió el criterio de que la solución pasaría por la exterminación de esta lacra al margen de la Justicia y los derechos de los ciudadanos. Hoy ya no es tan fácil determinar responsabilidades frente a masacres y desapariciones de personas y eso nos acerca mucho al terrorismo de estado que fue bien conocido en la Latinoamérica de hace 30 años. Hay varios caminos para salir de la delincuencia, militarizar la lucha lleva inexorablemente a la pérdida de derechos en favor de la una seguridad coyuntural y nunca efectiva. El resto de las posibilidades requieren del largo plazo y decisiones drásticas para mejorar la Justicia, la Educación y las condiciones económicas.
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