El 4 de marzo de 2010, un testigo de la Fiscalía del gobierno de Estados Unidos hizo una importante revelación ante el juez y el jurado de la Corte de Distrito Oeste de Texas, David Briones.
El narcotraficante Benjamín Arellano Félix se declaró culpable de asociación delictiva y lavado de dinero en una corte de San Diego y negoció una condena de 25 años en vez de cadena perpetua.
En la fecha límite del plazo fijado para que Vicente Zambada Niebla presentara los alegatos para librar una larga condena por delitos de conspiración y tráfico de droga, un explosivo documento llegó a la Corte Federal de Chicago.
En plena audiencia pública sobre el proceso contra Vicente Zambada Niebla ante el juez Rubén Castillo y la Fiscalía, los abogados de “El Vicentillo” acusaron a la DEA de interferir en la defensa del acusado.
“Sería malo revelar relación del gobierno de EU con Cártel de Sinaloa”, habría advertido la DEA a Humberto Loya Castro, operador del Cártel de Sinaloa.
En momentos en que el presidente Barack Obama reconoce su fracaso para impedir el tráfico de armas a México y el procurador general Erick Holder anuncia que durante años perdurarán los efectos del operativo Rápido y Furioso, surge una acusación.
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