Justicia y derecho al ambiente

El caso de la Minera San Xavier, cuyas actividades fueron paradas gracias a la ciudadanía organizada de San Luis Potosí, fue una satisfacción pasajera, porque la decisión que sustentaba esa acción a favor del ambiente, ha sido revertida por un juez. En este caso, los actos de quienes imparten la justicia ambiental han sido orientados con el favor hacia el que posee poder económico, o como en otros, hacia gobiernos que promueven obras que afectan el ambiente, quedando quienes se organizan una vez más apaleados en su esfuerzo de promover la conservación del ambiente.

Se tienen ejemplos donde la depredación ambiental, a cargo de empresas y gobiernos está en curso, sin que pueda ser revertida y sancionados los responsables. A nivel local, es evidente la destrucción efectuada por las pedreras en las áreas naturales protegidas de Las Mitras, Sierra Cerro de la Silla o San Miguel. Los proyectos de obra pública promovidos por el estado como el Arco Vial Sureste, son una amenaza para la conservación de la Sierra de la Silla, por la urbanización de territorios naturales que esa obra desencadenará.

En esos ejemplos, a pesar de movilizaciones y denuncia ciudadana, la justicia ambiental no se tiene. Los daños al ambiente existen, pero nadie asume su responsabilidad y la esperanza de cambios que reviertan esa inacción en México son mínimos. Quizá se deba buscar afuera. Hay que tener presentes las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno mexicano por violación a los derechos de personas cuyos casos tomó esa Corte, última esperanza de aquellos que buscan justicia para sus víctimas.

El derecho al medio ambiente sano, que instituciones como Profepa o Semarnat no tienen posibilidad de proveer de manera íntegra, es la incapacidad común de las oficinas de gobierno federales o locales. Tuvo que ser la Corte, desde una posición imparcial y con sentido de probidad, razón, rectitud, conciencia, ecuanimidad, equidad, disposición, imparcialidad y jurisprudencia, la que vino a restituir la justicia ausente, exigida por las víctimas, y negada por el gobierno mexicano.

Ocupamos de la Corte para resarcirnos, la Comisión o quien sea, porque los oficiales mexicanos no pueden garantizar el derecho al ambiente con objetividad. Justicia poética es la expresión literaria que explica el triunfo de la justicia sobre el mal actuar, obtenida de la inteligencia emocional, la pasión, de componentes de lo interno. Aunque en lo cotidiano no siempre se tiene la real justicia, quizá fuera de nuestro país sea posible conseguirla. Al término de un plazo perentorio y cercano, que una esperanza sea la sentencia en contra del estado mexicano y sus oficiales, que se les declare culpables por ser los  criminales infractores al derecho del ambiente sano.

Antonio Hernández
Movimiento Ambientalista Ciudadano
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